A pedido de la Casa Rosada, la Justicia frenó un traspaso de tierras al gobierno porteño otorgado en la gestión de Mauricio Macri

La Justicia suspendió el traspaso de terrenos en el marco de las obras proyectada por los viaductos Mitre y San Martín. Es que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) consiguió que un juez del fuero en lo Contencioso Administrativo hiciera lugar a una medida cautelar hasta que se defina la cuestión de fondo. De esta manera, el Gobierno nacional frenó una medida dispuesta en la gestión de Mauricio Macri y que proyectaban una serie de inversiones millonarias en distintos barrios impulsadas por el jefe de la administración porteña Horacio Rodríguez Larreta.

El caso versa sobre las “presuntas irregularidades que fueron advertidas con relación a los inmuebles” cuando la administración de Macri “permitió la transferencia del mismo desde el Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. La AABE presentó su reclamo en la justicia: afirmó que así “existe el peligro de que el GCBA pueda enajenar los inmuebles, frustrando de ese modo los derechos del Estado Nacional sobre los mismos”.

Se trata de distintos inmuebles ubicados en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires que habían sido propiedad de AABE, pero que fueron “otorgados en dación en pago al GCBA en el marco del “Convenio Específico entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado en fecha 13 de noviembre de 2019”.

La decisión afecta directamente al proyecto “Bajo Viaducto Mitre” que propone hacer un paseo de cuatro kilómetros entre el barrio chino y el hipódromo de Palermo con corredores peatonales, circuitos aeróbicos, bicicendas y comercios.

Mapa del corredor Viaducto bajo Mitre

Un decreto del presidente Alberto Fernández “instruyó a la AABE a revisar la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 10/12/15 y hasta el 10/12/19”, es decir la gestión de Mauricio Macri, “a fin de que en caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad, así como eventuales hechos o actos ilícitos, se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penal”.

Fue así que apareció entonces esta causa en los tribunales. El juez Walter Lara Correa decidió el viernes hacer lugar al planteo de AABE, al resaltar que “en toda medida cautelar la investigación sobre el derecho que se postula se limita a un juicio de probabilidades y verosimilitud”.

Según el fallo, “en este estrecho marco de conocimiento” se advierte que la Dirección General de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la CABA, de fecha 6/11/2020, se intimó a la Directora del Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires “a que proceda a inscribir los inmuebles objeto de la presente medida bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales que pudieran corresponder” por lo que resulta -prima facie- acreditado el peligro en la demora. “No puede soslayarse las diversas consecuencias que podría generar una posible enajenación de los inmuebles mencionados y los graves efectos patrimoniales que ello podría traer aparejado”.

Martín Cosentino

Martin Cosentino, titular del AABE, afirmó que “es muy raro que el día siguiente de perder las elecciones, el ex presidente Macri firmo un DNU permitiendo esta operación que era la de dación en pago” y añadió: “es llamativo, por lo menos llamativo”.

Según explicó a la prensa, “el esquema de traspaso de inmuebles que se denominó dación en pago nunca se hizo en ningún lugar de la Argentina, de hecho, solo se hizo solo para la Ciudad de Buenos Aires. Esto es que a cambio de deuda, la Nación le da inmuebles lo que para nosotros no es correcto por eso seguimos discutiendo el fondo de la situación”.

Además, Cosentino afirmó que “le estamos pidiendo también al Ministerio de Economía que vea si vulnera o no vulnera la medida de responsabilidad fiscal que prohíbe taxativamente que en los últimos seis meses de gobierno de una finalización de mandato se puedan alterar presupuestariamente o comprometer presupuestariamente con inmuebles a la administración siguiente”.

“La Agencia presentó una medida cautelar ante un Juez contencioso administrativo pidiendo que no se inscriban los inmuebles a nombre de la Ciudad como medida de pago por las obras que se realizaron con los viaductos Mitre y San Martín así que esto es una medida con la que buscamos nosotros: no mover la situación hasta que se resuelvan las cuestiones de fondo. Afortunadamente el viernes, la justicia nos dio esta medida cautelar con lo cual lo que estamos haciendo es protegiendo estos bienes hasta que se discuta definitivamente sí estuvo bien hecho o mal hecho y si están acordes los montos que se gastaron por estas obras”, agregó.