Mientras Randazzo y Cristina encabezaban un acto, se conoció que el ministro del Interior mantiene como asesor a Eduardo Sícaro. Se trata de un ex ministro bonaerense, con él que lo une una larga historia, procesado por el choque de estación Once. El recuerdo de las tragamonedas

Una vez más, la presidenta Cristina Fernández y Florencio Randazzo encabezaron un acto para anunciar por enésima vez la renovación del ferrocarril Roca a partir de 2015 y presentar algunos vagones, que se integrarán a la línea Mitre, que fueron comprados en China. Fiel al estilo K, fue una puesta de escena, una falta de respeto a miles de argentinos.

La burla no solamente radica en que la tan mencionada electrificación del Roca se viene prometiendo desde el año 2003. A ello se le suma el hecho de querer vender como si fuese una “revolución ferroviaria” que bajen vagones comprados en China desde un barco, en momentos en que miles de ciudadanos, especialmente trabajadores, todos los días siguen viajando como ganado. Eso no es todo: ayer, casi al mismo que la primera mandataria y el hombre de la eterna sonrisa estaban en el puerto de Buenos Aires, se conoció que Randazzo volvió a integrar en su ministerio a un polémico ex funcionario que se encuentra procesado, y está siendo juzgado, por la 52 muertes registradas en la estación Once.

Estamos hablando de Eduardo Sícaro, el extitular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que tuvo que renunciar debido a que habría hecho la vista gorda respecto al funcionamiento de los trenes regenteadas por los hermanos Cirigliano, situación que habría influido en que no se evitara el choque que se produjo en febrero del año 2012. Ayer se confirmó que Sícaro seguiría asesorando a Randazzo, y para ocultar su designación fue elegido “a dedo”, utilizando como pantalla contratos con universidades públicas, por lo que su nombre no figura en los legajos del organismo.

Actualmente, el extitular de la CNRT ocupa una oficina, la 207, en el edificio del Ministerio. Esta información fue aportada a la Justicia por el número tres del área de transporte de la Nación, el subsecretario y exministro de Economía bonaerense, Gerardo Otero, quien declaró como testigo en una causa en la que se investiga la quita de subsidios al gasoil a dos empresas de pasajeros por lo que fueron denunciados Sícaro y el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, y que el fiscal federal Federico Delgado pidió investigar.

La situación laboral de Sícaro en el ministerio no era clara para el juez federal Luis Rodríguez y por ello convocó a declarar a Otero que no es un funcionario más. “En ocasiones el Ministerio le sugiere a las Universidades las asesores que deberán aportar y otras veces no. En el caso de Eduardo Sícaro, concretamente, su contratación fue sugerida verbalmente por mí tanto a la UTN Avellaneda como a la Universidad de San Martín”, declaró Otero en la Justicia. Y agregó: “lo hice porque es alguien que conozco y tiene probada experiencia y capacidad en el transporte público”. Los familiares de las víctimas de Once no pueden decir lo mismo.

La realidad es que tanto Randazzo, Otero y Sícaro constituyen una suerte de triada desde hace años. Los tres ocuparon cargos ministeriales durante el gobierno de Felipe Solá en la Provincia. El primero como ministro de Gobierno, Otero como ministro de Economía y Sícaro como titular del área de Infraestructura. De hecho la firma de los tres aparecen en el polémico decreto del año 2006 (todos los funcionarios de la gestión de Solá lo rubricaron) que avaló una resolución que dio pie a un escándalo de corrupción: la renovación automática, sin llamado a licitación y sin aval legislativo, de las licencias de varios bingos para la explotación de maquinas tragamonedas. El decreto garantizó la continuidad en un negocio multimillonario por 15 años, a cambio del pago de un exiguo canon a la Provincia.

En definitiva, se da la misma situación que con Amado Boudou, que es sostenido contra viento y marea por la presidenta Cristina Kirchner, a quien poco le importa que su vice esté procesado. Lo sostiene por el simple hecho de que si Boudou termina tras las rejas, podría prender el ventilador y contar lo que realmente sucedió con la compra de la exCiccone, una operación en la que se sospecha también intervino Néstor Kirchner. Cabe preguntarse entonces: ¿temerán en el Ministerio del Interior que si Sícaro va a la cárcel o se queda sin trabajo también prenda el ventilador y cuente detalles del accionar de Randazzo en los últimos años?

Sícaro ya había sido ascendido

Después de la tragedia de Once, Sícaro logró un ascenso. A pesar de estar imputado en la causa, pasó de la CNRT a ser subsecretario de Regulación Normativa del Transporte a pedido del propio Randazzo. Fue designado el 16 de agosto de 2012 mediante el decreto 1467 que llevó la firma de la presidenta Cristina Kirchner, del entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y de Randazzo. Pero su nombramiento fue duramente criticado por familiares de las víctimas de la tragedia de Once que repudiaron que estando bajo investigación judicial haya sido designado subsecretario. Sícaro presentó el 31 de agosto su renuncia. Pero en noviembre de 2012 volvió al ministerio. Esta vez sin decreto, sino mediante un convenio que el ministerio firmó con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), regional Avellaneda, mediante el cual le brinda asesores. Y desde diciembre de 2013 y durante todo este año Sícaro sigue asesorando al ministerio por un convenio firmado con la Universidad de San Martín.

De forma paralela, en el año 2011, Sícaro conformó una empresa de transporte llamada Los Cardos Azules SA, en lo que fue una incompatibilidad manifiesta ya que el actual asesor de Randazzo estaba al frente de la comisión dedicada a regular esa actividad. En el directorio de la firma aparece otro exfuncionario bonaerense: Luis Pedro Sanguinetti, que fue secretario de servicios públicos de la Provincia cuando Sícaro y Randazzo eran ministros de Felipe Solá.

Club Universitario: la venta que no fue

El exministro Gerardo Otero, el férreo defensor de Eduardo Sícaro, estuvo en el ojo de la tormenta hace algunas semanas cuando una inédita movilización de socios del Club Universitario de La Plata impidió que se malvendieran las instalaciones que tiene la entidad en Punta Lara.

Fuentes del club consultadas por Hoy afirmaron que Otero, como tesorero de la entidad, “era uno de los principales impulsores de vender la sede en $20.250.000, cuando tasaciones realizadas por distintos socios daban cuenta que el valor de edificio ronda los 8 millones de dólares, es decir, más de tres veces el valor –tomando como referencia la cotización oficial- que había establecido la comisión directiva del club”. La venta se frenó luego de que, en una asamblea con la participación de 548 socios, 513 rechazaron el proyecto propuesto por Otero, y sólo 33 acompañaron la iniciativa.

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