No aceptó la recusación de todos sus integrantes ni el cambio de fuero ni la habilitación de la feria. la recuperación del predio de Palermo está frenado por una cautelar pedida por la Sociedad Rural Argentina.
Rural: la Cámara le rechazó todos los planteos al Gobierno

La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó los planteos de recusación contra todos los magistrados de ese tribunal realizados por el Gobierno en la causa en la que se evalúa la constitucionalidad o no del decreto que dispuso la vuelta al Estado del predio de La Rural en Palermo, informaron fuentes judiciales a minutouno.com.

La sala de feria integrada por los camaristas Ricardo Guarinoni, Graciela Medina y Francisco de las Carreras también rechazó el pase de la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal y la habilitación del receso para tratar las apelaciones.

En la causa continúa vigente una medida cautelar suspendiendo la estatización del predio debido a una resolución dictada por la sala de feria de la Cámara, que hizo lugar al pedido de la Sociedad Rural .
Ahora los planteos llegarán por vía de apelación a la Corte Suprema de Justicia a partir del 1 de febrero, cuando se reanude la actividad normal en los tribunales.

Fuentes judiciales informaron que la Cámara rechazó los planteos de recusación masiva al entender que no habrían sido debidamente fundados al no acreditar los hechos en que basan los pedidos de apartamiento.

El Estado Nacional había recusado el 9 de enero pasado a todos los integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal en la causa en la que ese tribunal dictó una medida cautelar a favor de la Sociedad Rural que frenó el decreto que dispuso la vuelta del predio al Estado.

Además, había pedido el pase de la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal.

El pedido de apartamiento del peno de la Cámara, que este jueves fue rechazado por el tribunal, había sido pedido por la Jefatura de Gabinete, que, además, consideró que el caso debe estar en manos del fuero Contencioso Administrativo, que es el que se encarga de los casos en los que el Estado es parte, y que, según los representantes legales del Estado, sería el competente.

Ahora, la Cámara cuestionada rechazó todos los pedidos del Gobierno y la cuestión terminará de definirla la Corte Suprema de Justicia.

En un fallo de la misma Cámara, la Sala de feria ya afirmó que «resulta verosímil sostener que la propietaria del Predio Ferial de Palermo es la Sociedad Rural Argentina», en tanto aseguró que Estado Nacional «carecería, en principio, de legitimación para intentar recuperar un bien que vendió hace más de veinte años».

Con esos argumentos, la Cámara suspendió el decreto de estatización, pero el Gobierno entiende que de esa manera anticipó su posición sobre la cuestión de fondo, por lo que el Estado recusó a los camaristas.

Los fundamentos de la Cámara forman parte de la resolución emitida al hacer lugar a una medida cautelar pedida por la Sociedad Rural, al suspender los efectos del decreto 2552 «hasta tanto se dicte la sentencia definitiva», sobre el fondo de la cuestión.

El caso llegará a la Corte Suprema de Justicia, que otra vez deberá intervenir en uno de los temas sensibles.

El Estado basó el decreto que dispuso la entrega del predio en la venta que hizo el ex presidente Carlos Menem «a precio vil» en 1991, sobre la que hay una causa judicial en la que el juez federal Sergio Torres, en el año 2010, sostuvo: «Estamos ante un concierto de voluntades que tuvo por fin sustraer del patrimonio del Estado Nacional el inmueble del predio ferial de Palermo y en ello han intervenido funcionarios de la administración central, dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, contando con la necesaria colaboración de los peritos tasadores».

En esa causa, el magistrado procesó por el delito de peculado al ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo y le trabó un embargo de 10 millones de pesos; también al ex presidente de la Sociedad Rural Eduardo de Zavalía, a cargo de la entidad al momento de la operación, y al ex titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Ordoñez, entre otros; en tanto dictó la «falta de mérito» para el ex presidente Carlos Menem.

La venta de esos terrenos de más de 120.000 metros cuadrados se pactó en 30 millones de dólares, mientras que peritos de la Corte Suprema de Justicia lo valuaron luego, ante un pedido del juez, en un «piso» mínimo de 131.800.000 pesos-dólares.

Cuando el Gobierno dictó el decreto por el que el predio debe volver a manos del Estado, la Sociedad Rural fue a la justicia y en primera instancia obtuvo un rechazo a un pedido de medida cautelar que fue revertido por la sala de feria de la Cámara. Aún resta resolver la cuestión de fondo.

Fuente: Minuto Uno
Imagen: DyN