Ni siquiera la declaración del decano, Alfredo Buzzi, despejó las dudas que existen en torno al robo en la Facultad de Medicina . A casi dos semanas, todavía no se sabe qué fue lo robado ni hay pistas sobre los autores .

Buzzi declaró ayer como testigo en la causa que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide. Dijo que no estaba seguro si el atentado contra las oficinas de postgrado estaba vinculado con los robos en otras dependencias y negó también que la agrupación QRS tuviera alguna vinculación con los hechos, lo que contradice la denuncia inicial de las autoridades universitarias.

La semana pasada, Buzzi –junto al resto del decanato– denunció públicamente un “gravísimo atentado” contra la Facultad. El ataque ocurrió el 27 de enero, cuando un grupo comando entró a las oficinas de postgrado, provocó un incendio que quemó documentación relacionada con los alumnos y se llevó las filmaciones de las cámaras de seguridad. Hoy declarará el sereno que estaba esa noche.

Pero existe una segunda investigación que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y que investiga los robos que ocurrieron en otras oficinas y que recién fueron descubiertos días después cuando el personal de la facultad volvió de las vacaciones.

Ayer en ese juzgado sólo había desconcierto.

En la primera denuncia no se precisó ni qué era lo que faltaba, ni cuando fue la última vez que alguien había entrado a esas oficinas. De tan imprecisa, hubo que mandar a hacer nuevas averiguaciones para que la causa pueda comenzar. Aún no se había podido designar un fiscal.

En el juzgado de Oyarbide también hubo sorpresa con la declaración del decano. “ Yo no puedo afirmar que exista una relación entre ambos hechos, uno es un atentado y el otro un hurto ”, le dijo a Clarín el decano, quien aseguró que recién a principios de la otra semana tendrá el inventario de lo robado. Buzzi volvió a decir que no sabe qué robaron y negó que QRS esté relacionado con el ataque. Esto resultó llamativo porque aunque la semana pasada, luego del comunicado oficial, altas fuentes de la facultad habían apuntado contra el sector que lidera Efraím Benzaquén, un ex aliado del decano.

Benzaquén no se calló y acusó al vicedecano, Marcelo Torino, de proteger a funcionarios vinculados con la “mafia de los medicamentos”. Concretamente, señaló a Carlos Zamparolo y Néstor Vázquez.

Zamparolo –directivo de la droguería Núcleo Farma– es investigado por el juez federal Ariel Lijo por los aportes a la campaña de Cristina Fernández. En el juzgado confiaron que hasta ahora fue imposible encontrar algo que lo incrimine. Lo mismo hizo la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, quien aseguró que “las autoridades de la facultad colaboraron con la gestión e incluso en la denuncia contra aquellos implicados en la mafia de los medicamentos”.

El otro mencionado por Benzaquén es Néstor Vázquez. Procesado en esa causa y uno de los principales sospechosos, Vázquez sigue a cargo de la dirección de Salud Pública de la Facultad.

Fuente: Clarín

Por Leo

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