La diputada de la UCR Karina Banfi denunció una supuesta «persecución de la policía de seguridad aeroportuaria a padres que se manifestaron en lomas de Zamora», durante un plenario de las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos convocado para continuar con el debate de la ley de violencia institucional presentada por el Gobierno.

«La PSA está haciendo inteligencia interior. Está en la puerta de una escuela donde se congregaron «Padres de Lomas, una organización auto convocada. La policía toma fotos y eso viola la ley de seguridad interior, porque está prohibido», denunció.

Y posteó una filmación a los agentes en la puerta de la escuela de Lomas, publicada por el concejal radical de es localidad, Gustavo Ganchegi.

Una vez que trascendió el caso, la PSA publicó una serie de tuits en los que negó la acusación y señaló que en las imágenes se ve que se trata de efectivos uniformados de otra fuerza.

Fuentes al tanto de la situación explicaron a LPO que todo indica que los agentes perteneces a la Policía de Seguridad (PSD) de la Policía Bonaerense. Por la siglas y porque ambas fuerzas usan uniforme negro es posible que se haya producido la confusión.

Alberto le pidió a Frederic que hable directo con los intendentes para limar a Berni

La Policía Bonaerense depende de Sergio Berni. Mientras que la PSA depende de la ministra Sabina Frederic, enfrentada duramente con su par de la provincia.

Banfi aprovechó el caso para ejemplificar su argumento sobre la necesidad de considerar el rol de la política en casos de la violencia institucional, que el proyecto oficial centra en las fuerzas de seguridad. Les impone un instructivo de actuación y un protocolo riguroso sobre el uso de armas.

El diputado oficialista Leonardo Grosso prometió investigarlas, pero de inmediato surgieron reproches de la actuación de las fuerzas de seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri que encendieron una comisión convocada para escuchar a organizaciones y víctimas de abusos policiales.

La oposición llevó abogados y dirigentes de Formosa que volvieron a denunciar al gobernador Gildo Insfrán por excesos en el control de las restricciones por la pandemia. «Hay una policía provincial que carece de instrucción ciudadana y cívica», sostuvo Agostina Villagi, de la Asociación de abogados litigantes de la provincia norteña.

Lo que estamos hablando de una violencia que tiene un profundo contenido de clase. Siempre la violencia es contra los pobres. Esta ley no va cambiar la situación de un día el otro, pero va ser un paso adelante».

«No concebimos la construcción de este proyecto de otra manera que no sea colectivamente, sin escuchar a todas las voces, sobre todo a las que vienen desde hace mucho tiempo dando el ejemplo de cómo luchar y demandarle al Estado», sostuvo la diputada Paula Penacca, del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Seguridad.

La próxima reunión por este tema será el lunes 17, con la presencia de sindicalistas y representantes de organizaciones sociales. Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que la violencia institucional «viene desde hace mucho tiempo y se ensaña con los jóvenes más pobres» y le reprochó a Cambiemos diferenciar los casos de violencia según quien gobierne.

«Lo que estamos hablando de una violencia que tiene un profundo contenido de clase. Siempre la violencia es contra los pobres. Esta ley no va cambiar la situación de un día el otro, pero va ser un paso adelante», agregó el ex líder de la CTA.

Paula Penacca.

Entre los expositores estuvo la integrante de la Madres en Lucha contra la Impunidad, Mirian Medina, mamá de Sebastián Bordón, asesinado por la policía mendocina en 1997 cuando su tour de egresados lo dejó en una seccional.  «Necesitamos un registro de los policías que cometieron crímenes y hostigamiento y maltrato», solicitó.

Desde la misma entidad, Dolores Demonty, madre de Ezequiel Demonty, recordó que «pasaron 34 años de la masacre de Budge, que fue el primer episodio visible de violencia institucional desde la restauración democrática, que aún hoy continúa de parte de las fuerzas de seguridad».

Eva Paula Arraigada, integrante de los espacios La Nelly y el Movimiento Trans Nadia Echazú, señaló que «la inmensa mayoría de travestis y trans» de su generación «han pasado por experiencias de abusos, violaciones y coimas. Hemos vivido una verdadera masacre y acá hay un solo responsable, el Estado», completó.

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