El tema era apenas un artículo de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, y en ese debate ella no pasó desapercibida. Los argumentos de su abstención, las críticas a la clase política y las réplicas de sus pares.

Por José Angel Di Mauro

Por estos días en que el kirchnerismo salió a promover la implementación de una doble indemnización enmarcada en una ley de emergencia ocupacional, se puso énfasis en la actitud de esos mismos legisladores cuando desde la oposición también se impulsaban medidas similares, pero su postura fue diametralmente opuesta. El caso emblemático fue el de Héctor Recalde, quien en 2014 advertía ante esas iniciativas que “hay que tener cuidado porque estas cuestiones pueden obstaculizar la contratación de trabajo”.

También circuló un video donde se muestra un discurso de Cristina Fernández de Kirchner que, como presidenta, rechazaba una alternativa de esas características.

Lo cierto es que el origen de toda esta discusión debe buscarse en la vez en que en el marco de la crisis 2001/2002, el presidente Eduardo Duhalde implementó la doble indemnización, que entonces pocos cuestionaron, y a la que Néstor Kirchner puso fin el 10 de septiembre de 2007, a través de un decreto. Al firmarlo, su ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sostuvo que la decisión de ponerle fin obedecía a que se había logrado “reducir la desocupación por debajo de un dígito en cualquiera de sus indicadores”, por lo que se daba “por cumplida” la condición establecida en la ley que fijaba que ese plus quedaba eliminado si el desempleo se ubicaba por debajo del 10%.

“Ahora, que se vuelve a la indemnización normal, y dado que decían que trababa la contratación de mano de obra, esperamos que los empresarios generen en el próximo año por lo menos 500.000 empleos nuevos”, expresó entonces un irónico Tomada.

Lo cierto es que esa norma se votó en el Parlamento en plena crisis y fue de las primeras implementadas para apuntalar al flamante Gobierno de Eduardo Duhalde. Por entonces Cristina Fernández de Kirchner era senadora nacional, todavía nadie imaginaba que su esposo sería el próximo presidente, y se abstuvo a la hora de votar.

Aclaremos que lo que luego sería enmarcado en la Ley 25.561 no fue una ley puntual para obstaculizar los despidos, sino apenas un artículo de la Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, que declaraba entre otras cosas el fin de la convertibilidad. La norma establecía una serie de elementos y la parte del empleo estaba incluida en el párrafo inicial de su enunciación, como “disposiciones complementarias y transitorias”.

El artículo en cuestión era el 16, y señalaba: “Suspéndese la aplicación de la Ley N° 25.557, por el término de hasta NOVENTA (90) días. Por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente”.

La sesión se celebró nada menos que el domingo 6 de enero de 2002, en la mañana de ese Día de Reyes. Fue presidida por el hoy ministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda y presidía el bloque PJ José Luis Gioja. Durante las nueve horas que se prolongó, Cristina tuvo varias intervenciones y totalizó 5.032 palabras.

Su primera intervención fue al principio de la sesión, cuando se quejó por la mecánica de la misma, por cuanto no consideraba “prudente” limitar el tiempo de las exposiciones, “ante una norma de tamaña envergadura”. Finalmente se aceptó que no podía “cercenársele” a nadie el uso de la palabra y se dejó a criterio del presidente del Cuerpo la administración de los tiempos.

Cuando volvió a hacer uso de la palabra, la futura primera dama y luego presidenta de la Nación anunció que iba a abstenerse en la votación del proyecto de ley de emergencia. Al argumentarlo, recordó que apenas diez días atrás, siendo Fernando de la Rúa todavía presidente, ella había votado “para que se abriera el corralito en materia salarial”.

“No lo hice porque había un presidente radical en la Casa Rosada; lo hice porque estaba, estoy y estaré absolutamente convencida de que es una restricción inadmisible el hecho de que el trabajador no pueda disponer de su salario”, señaló, para apuntar luego que “uno de los problemas en la crisis de representación es que nos ven votar una cosa según el gobierno sea de uno u otro signo político. O sea, ‘yo soy peronista y, como había un radical, tenía que votar por esto’. Yo nunca creí en eso. Me trajo muchos problemas, debo reconocerlo; muchísimos problemas. Pero sigo creyendo que no se puede votar de acuerdo al color del partido que esté en la Casa Rosada, porque yo no vine a esta banca a representar al que está en la Casa Rosada, sino que vengo a representar en esta institución y en este caso puntual a los hombres y mujeres radicales, peronistas, frepasistas e independientes que quedaron allá en Santa Cruz, en el sur profundo, en el país profundo, como me gusta decir a mí”.

Recordó también haber votado diez días atrás la derogación de los poderes especiales a favor de De la Rúa y de Domingo Cavallo, “pero no porque eran ellos, sino porque creo que uno de los temas esenciales de la representación política en la Argentina y del prestigio del Parlamento o del desprestigio que hoy tienen las instituciones del pueblo es, precisamente, que no nos sienten representantes de los intereses de los ciudadanos. Sienten que representamos los intereses de un partido, de un sector o de una casta -pónganle el nombre que quieran-. Eso es lo que siente la gente”.

Ya adentrándose en el proyecto de ley en discusión, cuestionó “la inconveniencia de no adoptar un sistema monetario y dejar esa decisión en cabeza del Poder Ejecutivo; todos sabemos que no será el presidente de la República el que va a decidir el tipo de cambio; todos sabemos que eso lo harán los funcionarios del Banco Central y de Economía”.

Se remontó al pasado, recordando cuando Lorenzo Sigaut dijo que “el que apostara al dólar perdería”, y llegada a 1989, destacó “el golpe devaluatorio del 6 de febrero, en el que siempre se dijo -y quiero decirlo con todas las letras porque me hago cargo de lo que digo- que no todos los argentinos estaban ignorantes de que ese día se iba a variar el tipo de cambio e hicieron pingües ganancias. Después, los que perdieron se lo cobraron con el golpe de mercado. Yo no quiero dejar más mi vida y mi patrimonio y el del resto de los argentinos en manos de un funcionario que decida sobre estas cosas, porque ya sabemos cómo ha sido la historia”.

En su exposición, Cristina Kirchner se preguntó si el problema en la Argentina no radicaba en realidad en una cuestión monetaria. Reclamó “un proyecto de país”. Porque, dijo, “lo que observo a través de los discursos es que tanto los que dicen que la convertibilidad fue la causante de todos los males como los que afirman que dicho esquema fue maravilloso es que ninguno se refiere a la gestión que llevaron adelante los gobiernos durante estas décadas”. Se preguntó cómo podía ser posible que se agitara la política monetaria como “la única causal de nuestras desgracias o de nuestras futuras bondades y virtudes? ¿Y de las gestiones no hay nada que decir? Brasil ha devaluado varias veces y, sin embargo, nunca pasó lo que ocurrió en la Argentina”.

Cristina reclamó ese día “discutir en serio” un modelo. Y tras aclarar que “nunca creí en un modelo de apertura indiscriminada y de desregulación que no contemplara los intereses de los usuarios y de los consumidores, porque consideraba que ello iba a devenir finalmente en esta situación en que nos encontramos”, advirtió sobre “el modelo que me quieren presentar ahora”.

Cuestionó en su discurso que se quisiera volver “al modelo anterior, al de la sustitución del as importaciones”, advirtiendo que “el país -no sé si felizmente o no- se enfrenta hoy con un mundo diferente al que alumbró el modelo de sustitución de importaciones que inauguró el peronismo en 1945. Entonces, voy a hablar de los intereses nacionales, porque no quiero que detrás de la banderita se vuelvan a colar los vivos que vendían sus empresas y colocaban sus dineros en otra parte. Nunca me imaginé a un Agnelli, por ejemplo, vendiendo la Fiat y poniendo el producido a plazo fijo o, como sucedía con industriales nacionales, bajando de un auto importado en las reuniones a donde van a agitar la banderita. O que, cuando eran industriales, importaran su producción de otra parte”.

Habló a favor de concebir que “junto con la protección a lo nacional, en cuanto a producción y fabricación, también tenemos que cuidar el interés de los usuarios y consumidores, que es el dato nuevo que nos trae el capitalismo globalizado. Por eso hoy los partidos políticos no podemos dar respuesta porque, educados en el mundo moderno, donde nos juntábamos con los sindicalistas y con los empresarios y teníamos un país y todos o casi todos los intereses de ese país, hoy nos juntamos con ellos y no alcanzamos a representar todos los nuevos intereses de los nuevos sujetos sociales que tiene no la Argentina sino el mundo”.

“Me gustaría que advirtiéramos los cambios, porque lo único que uno no puede hacer en economía es evitar las consecuencias. Y dos más dos son cuatro en la Italia de Berlusconi, en la Cuba de Fidel y en la Argentina de Duhalde también”, teorizó.

Aclaró no obstante que en la votación en particular votaría afirmativamente por aquellas normas que creía buenas, y recordó cuando ella con su esposo fueron “unos de los pocos dirigentes de mi partido que acompañamos a Eduardo Duhalde en 1999 cuando fue candidato por el Partido Justicialista”. Recordó que “fueron momentos muy difíciles para nuestra vida partidaria. Dirigentes de mi partido no lo acompañaban; es más, algunos querían que perdiera, vamos a decir las cosas con su nombre. Que cada uno se haga cargo de la parte que le corresponde en la historia. Yo quería que Eduardo Duhalde fuera presidente de los argentinos y quiero hoy que a Eduardo Duhalde -presidente por esta tragedia que nos ha ocurrido, que ha sido la violación del mandato popular y la incompetencia del gobierno que se cayó echado por la gente, no por el peronismo- también le vaya bien”.

A continuación, hizo uso de la palabra el radical santiagueño José Luis Zavalía, quien le había pedido una interrupción a Cristina, que la senadora no le concedió -nunca lo hacía-. Y al hablar, pidió “terminar con la hipocresía y los dobles mensajes; los políticos no hemos nacido de un repollo. La senadora Fernández de Kirchner ha vivido ocupando grandes cargos en estos años de democracia que llevamos los argentinos. A ella también le cabe una gran responsabilidad, como a todos nosotros, en la suerte y la desgracia de nuestro país”. Se refirió luego a Néstor Kirchner, por entonces gobernador santacruceño, “que aparece en reiteradas oportunidades en Crónica haciendo sus discursos presidenciales o para su candidatura a presidente, hay pedidos de informes por una suma de aproximadamente mil millones pertenecientes a la provincia de Santa Cruz que están depositados en algún banco del mundo”. Y advirtió: “No podemos seguir hablando respecto de las instituciones, de la usura, de la corrupción, de la especulación económica y financiera, cuando manejamos o disponemos del dinero del pueblo para depositarlo en bancos extranjeros, cuando el país está solicitando esos recursos”.

Obviamente Cristina pidió la palabra entonces. “¿Solicita el uso de la palabra porque se siente aludida?”, le preguntó Maqueda, a lo que la senadora replicó: “¡Qué le parece, señor presidente! He sido aludida. Faltó que hablara de mi abuela y nada más”. Cristina aclaró que no era el gobernador santacruceño el que tenía fondos depositados en el exterior, sino la provincia de Santa Cruz como Estado federal. Recordó de dónde provenían esas regalías y aseguró que no habían invertido ese dinero porque “lo teníamos como fondo anticíclico, porque “hace a la administración del Estado guardar cuando se tiene para poder pagar cuando no se tiene. No hace falta ser senador o gobernador para darse cuenta de esto. Lo saben las amas de casa del país, que hoy ya no pueden ahorrar, pero que cuando los argentinos podían hacerlo juntaban plata para eso: para cuando no viniera. Esto lo aprendimos de nuestros abuelos inmigrantes, señor presidente”.

“Para administrar un Estado no hace falta hacer ido a Harvard, y ya tenemos alguna que otra experiencia en ese aspecto. ¡Basta con tener sentido común, con saber de qué se trata y no haber vivido del Estado ni de cargos públicos, como no hemos vivido ni Kirchner ni yo!”.

La senadora Kirchner continuó la defensa de su esposo señalando que cuando él asumió la gobernación en 1991 lo había hecho en una provincia “en llamas, recibida de un gobernador de nuestro propio partido, a quien echamos por medio de un juicio político por no saber administrar y ganamos las elecciones, entonces se hicieron descuentos a los sueldos”. Aclaró que luego habían restituido los salarios descontados y que a los empresarios les pagaron con bonos a 16 años. “Porque se pueden hacer ajustes, pero ¿saben cuándo un ajuste es inequitativo? Cuando lo pagan los que menos tienen. Les pagamos en efectivo y al contado a los trabajadores y con bonos a los empresarios”, remarcó.

“Ustedes sacaron la plata afuera”, le insistió Zavalía, a lo que la senadora enfatizó que no iba a tolerar “la mentira y la difamación”.

Más adelante, el senador radical Raúl Baglini introdujo una nota humorística al preguntarles a los jusiticialistas si estaba previsto “que algún otro miembro del bloque federal se abstenga. En ese caso, vamos a tener que recurrir al algún senador enfermo del radicalismo para lograr el número”. “Si es en tono jocoso, le contesto; si no, no tiene sentido”, repuso José Luis Gioja, pero la que no se quedó callada fue Cristina Kirchner, que tan aludida se sintió que presentó una cuestión de privilegio “porque no voy a tolerar chicanas referidas a mi partido. Yo me abstuve y no integro ningún bloque Federal sino el bloque del Partido Justicialista en representación de la provincia de Santa Cruz”.

Dijo tener “mucho respeto por los partidos políticos y también por sus internas, porque las diferencias internas en los partidos políticos, que ha tomado peyorativamente el señor senador preopinante, hacen a las diferencias muchas veces de ideas. ¿Y sabe qué? A mí me parece importante que se puedan expresar las diferencias de ideas. Así que yo voy a rogar que no se atribuyan los votos a un alineamiento que además no corresponde a eso. Es de público y notorio las diferencias que sostuvimos entre los integrantes de los distintos agrupamientos internos y dentro de ese pretendido bloque federal, que menciona el señor senador preopinante”.

Su última intervención de esa sesión tuvo que ver con el artículo 6° de la norma, que establecía que “el Poder Ejecutivo nacional dispondrá medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio dispuesta en el artículo 2° de la presente ley, en las personas de existencia visible o ideal que mantuviesen con el sistema financiero deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras. Al efecto dispondrá normas necesarias para su adecuación”.

Al respecto dijo que “el carácter imperativo de esta primera parte establece protección no sólo para las deudas inferiores a cien mil pesos sino para todas las personas físicas o ideales endeudas en dólares. Quiere decir que cualquiera de las grandes 1300 empresas de este país que están endeudadas en dólares y reclamen al Poder Ejecutivo que le atempere el impacto que van a tener en el endeudamiento, lo van a poder lograr legalmente y el gobierno deberá hacerlo porque estamos diciéndole con carácter imperativo -usted es abogado, señor presidente, como tantos otros senadores aquí presentes- que: ‘… dispondrá normas necesarias para su adecuación’”. Al respecto advirtió que “somos legisladores y con nuestros actos facultamos acciones legales que tienen repercusión en el patrimonio del Estado y, normalmente, en el de los particulares”. Luego se refirió a la segunda parte, en la que se establecía un seguro de cambio para los pequeños prestamistas, en lo que coincidió. Y con respecto a la tercera parte, señaló que el Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del Gobierno nacional en moneda extranjera garantizada. Esto es, señores legisladores, emisión de títulos. “Esto es endeudamiento para garantizarles a las entidades financieras que no pierdan dinero y puedan seguir funcionando. Eso es lo que dice la norma”, se quejó. Tenía más para decir, pero se quedó sin tiempo.

Fuente: www.parlamentario.com