Lejos del 13S, el 28S y el 8N, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no puede ni quiere dejar pasar aquel 26 de septiembre en el que manifestantes críticos del Gobierno realizaron un cacerolazo frente a su domicilio, en el barrio de Monserrat.

A seis meses de ese hecho, la denuncia inicial pasó al ostracismo, pero el funcionario pidió ayer miércoles que se reabra esa causa penal por presuntas amenazas de muerte e incitación a la violencia por parte de los caceroleros.

Y es que según pudo saber Tribuna de Periodistas, uno de los letrados de Moreno, Alejandro Rúa, le solicitó a la Sala II de la Cámara Federal que reabra la investigación, la cual había sido archivada por inexistencia de delito.

Según fuentes del Ejecutivo manifestaron a TDP, «Moreno está apretando a la Sala II de la Cámara Federal para que la reabra, porque se prevé que habrá manifestaciones este año y quieren bloquearlas».

Si bien esa Cámara, a cargo de los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, solían ser reconocidos por su independencia al kirchnerismo, esa etapa parece haber quedado atrás desde hace varios días.

Hay que recordar que por ese hecho, Moreno manifestó que tuvo que modificar la rutina de su familia a raiz de las protestas. «Les digo a los que están caceroleando en mi casa que se metan la cacerola en el orto», afirmó el funcionario durante un acto que encabezaba en la sede de la CGT del partido bonaerense de Vicente López, en paralelo a las protestas.

La consigna de la convocatoria era «contra la prepotencia y maltrato a mujeres y ciudadanos de parte del secretario Moreno». La invitación fue realizada a través de las redes sociales, con el objetivo de manifestarse en forma pacífica “en contra el patoterismo y la impunidad” del funcionario.

Sin embargo, un día después, el Ministerio de Justicia de la Nación —Julio Alak en persona— presentó una denuncia penal por amenazas e incitación a la violencia contra los hombres y mujeres que protagonizaron el cacerolazo en la vivienda del Secretario de Comercio Interior.

La Casa Rosada aseguró que existían amenazas de muerte que provenían «de un grupo organizado de personas que, a través de Internet, están difundiendo un afiche digital que incluye la figura del funcionario en un féretro, con una herida de bala en la frente».

Tras la presentación firmada por el ministro Julio Alak, el sorteo correspondiente a la causa recayó en el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, quien se apartó aduciendo “violencia moral” y “garantía de juez imparcial”.

Posteriormente, y un día antes del 8N, Moreno solicitó ser querellante en la causa judicial que se había abierto por Alak, y sus abogados pidieron al juez federal Daniel Rafecas —quien finalmente tomó la causa— que su cliente sea admitido como parte en el proceso.

Luego, la denuncia cayó en el olvido, y Rafecas archivó la causa por inexistencia de delito. Sin embargo, Moreno no quiere dejar la protesta pasar y pidió ayer miércoles que se reabra esa causa penal por presuntas amenazas en su contra.

Por María Luisa Torres
Fuente: Tribuna de Periodistas