Al promulgar el nuevo Código Civil, la presidenta anunció que impulsará la reforma del Código Procesal Penal. Ambas iniciativas tienen un lazo en común: garantizar la impunidad de los K después de 2015

Para el kichnerismo, no hay acto de gobierno que no sea una puesta en escena. Por eso, ayer, durante la promulgación del nuevo Código Civil, se hicieron presentes los habituales aplaudidores oficiales. Y a ellos se les sumaron, lamentablemente, integrantes de la Corte Suprema de Justicia y representantes de algunos sectores de la Iglesia que se vienen resistiendo al mensaje transformador del Papa Francisco.

Durante casi una hora, la presidenta Cristina Fernández, intentó justificar lo injustificable, buscando dar garantías de seguridad jurídica a la ciudadanía, cuando el gobierno K perdió toda credibilidad. En ese sentido, CFK remarcó que la norma «no es violatoria de los contratos en moneda extranjera» y que los depósitos bancarios serán devueltos en la misma moneda en la que fueron realizados. Para defender su postura, leyó un artículo que dice que el acuerdo entre partes, como puede ser un contrato en dólares, tendrá fuerza de ley.

Ahora bien, si el nuevo código supuestamente garantiza las transacciones comerciales tal como se realizan ahora, ¿por qué tanto apuro para su aprobación, cuando su sanción solamente tuvo los votos de los kirchneristas y sus aliados de billetera?, ¿por qué si el código va a entrar en vigencia recién en el año 2016, se promulgó con tanta anticipación? Evidentemente hay gato encerrado. No por cualidad, pese a que la propia CFK ayer reconoció en su discurso que la propia jurisprudencia determinó que el código civil contemple la responsabilidad de los funcionarios públicos por los daños ocasionados a partir de su accionar, este ítem fue deliberadamente excluido del nuevo cuerpo normativo. ¿El objetivo? Dejarlo como una facultad exclusiva del fuero contencioso administrativo, cuyos integrantes –salvo algunas contadas excepciones- responden sin cortapisas al poder político.

Detrás de todas estas reformas judiciales y legales hay una clara intención del gobierno K de buscar impunidad cuando ya no estén en el poder y las autoridades de la Conferencia Episcopal, que ayer participaron en el acto, no pueden no saberlo. Es muy preocupante que exista la posibilidad de que haya hombres de Dios que canjearon su silencio por la inclusión, en el nuevo código, de la noción de que la vida comienza a partir de «la concepción», quitando del texto inicial la frase «la concepción en el seno materno». A su vez, para quedar bien con estos sectores de la Iglesia, el gobierno también habría eliminado la regulación del alquiler de vientres que aparecía en el proyecto original.

Resultaría positivo que, a tono con lo que predica el Papa, las autoridades eclesiásticas de nuestro país, en lugar de pactar con el gobierno K, mostraran el mismo ímpetu, que utilizan para frenar cualquier iniciativa abortista, para defender a los chicos que efectivamente nacen. Y que, desde el seno materno, prácticamente están condenados a vivir en la marginalidad extrema.

En ese sentido, no puede considerarse una simple omisión que la Iglesia argentina, con la gran inserción territorial que tiene, con una fuerte presencia en los sectores socialmente más postergados del país, nada haya dicho públicamente de que en el nuevo código no se incluyó, por una decisión política, que el acceso al agua potable sea considerado un derecho fundamental, al igual que ocurrió con la salud, el trabajo, la vivienda y la educación.

Hacia el final de su extenso discurso, la primera mandataria anunció que enviará al congreso un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal. Según dijo, el objetivo es acelerar los procesos teniendo en cuenta que, actualmente, para definir si una persona es inocente o culpable de un delito, se está tardando no menos de 4 años. “Buscamos que el nuevo proyecto de código procedimiento penal nacional que transforme el actual sistema que es inquisitivo en acusatorio”, remarcó.

En rigor, el objetivo sería otro. Desde hace tiempo, en la administración K, están dando pasos firmes para garantizarse no ir presos, una vez que dejen el poder en 2015. Ahora bien, los niveles de saqueo y corrupción que se registraron en la era kirchnerista sólo fue posible gracias a jueces y fiscales cómplices por acción u omisión.

Es más, muchos de los que hoy están administrando justicia en los tribunales federales y provinciales llegaron a ese lugar por obra y gracia del kirchnerismo, que prácticamente ha aniquilado el mérito como mecanismo de ascenso en el Poder Judicial. Producto de ello, los funcionarios judiciales de carrera que son probos, con intachables antecedentes y adecuada formación, han sido sistemáticamente relegados de la asignación de cargos.

Como corolario queda una imagen que vale más que mil palabras. Mientras Cristina anunciaba la nueva reforma de la Justicia penal, a pocos metros, sentado plácidamente, estaba Amado Boudou, el primer vicepresidente en la historia de nuestro país que está doblemente procesado por delitos de corrupción. Junto a él sonreían otros funcionarios y legisladores que, en caso de haber una Justicia independiente, debería estar a la sombra en lugar de estar ejerciendo un cargo público.

En definitiva, como decía el político irlandés Edmund Burke en el siglo XVIII: “Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada”.

Fuente: www.diariohoy.net