Después de las fuertes declaraciones iniciales, la cartera de Planificación se enredó en sus propios objetivos. La ambiciosa idea de resolver «caso por caso» traba la implementación del ajuste por su complejidad operativa. El subsecretario Baratta ya tuvo que ratificar que la inciativa sigue en pie. Los motivos del atraso.

El ministro de Planificación Julio de Vido parece haber puesto un freno en el recorte de subsidios después de las resonantes declaraciones con las que comenzó la medida. El poderoso subsecretario Roberto Baratta, que está a cargo del grupo operativo encargado de instrumentar el ajuste, ya tuvo que salir a aclarar que la iniciativa sigue vigente, un síntoma evidente de las dificultades que enfrenta el Gobierno para concretar el recorte.

El empuje inicial que incluyó el recorte de subsidios a los barrios más exclusivos de la Capital como Puerto Madero y Barrio Parque se trabó cuando llegó el momento de extender el recorte a las clases medias.

La promesa oficial de realizar un estudio «caso por caso» de aquellos que manifiesten su necesidad de continuar con el beneficio -sobre un universo de 6,5 millones de usuarios- obliga a crear un ejército de asistentes sociales que revisen cada situación particular.

En esa tarea se trabó Planificación y de ahí que por estos días emita señales contradictorias. Incluso, se debate la racionalidad económica del método, ya que el costo de financiar ese ejército de asistentes sociales neutraliza en parte el ahorro que se busca con el recorte de subsidios.

«Se trabaron en el armado de los equipos de asistentes sociales y no ligran salir de ese pantano», afirmó a LPO un empresario del sector. En la desesperada se intentó incluso sumar a los intendentes del Conurbano en la tarea de discriminar a quienes deberían mantener el subsidio.

Los sectores que ya tienen garantizado el mantenimiento del beneficio son aquellos que reciban algún tipo de asignación universal o asistencia por parte del estado o en donde se perciban jubilaciones mínimas como ingreso principal. Sin embargo, las zonas intermedias todavía permanecen en la incertidumbre.

En un primer momento el gobierno anunció que quienes deseaban conservarlo deberían completar un formulario en el que aclararan su situación económica, que luego serían verificados con los datos de la ANSES. Pero las características de las preguntas excluían casi por completo a los sectores medios que viven en numerosos barrios de la Capital Federal. Los cautelosos pasos que está tomando ahora el Ministerio de Planificación demuestran una búsqueda por evitar mayores conflictos con los consumidores.

Las contradicciones son evidentes. El segundo paso que tomó el gobierno fue sumar a los barrios de Núñez, parte de Belgrano, Recoleta, Retiro y la zona del Botánico a la lista de “quita inmediata”. Pero ayer Baratta anunció que en estas zonas también recibirán el formulario para verificar si corresponde que sigan recibiendo subsidios. Quienes no lo respondan, serán dados de baja automáticamente a partir del próximo ciclo.

Se suponía que para esta fecha esos barrios ya ingresaría en la quita automática y ese formulario sería enviado al resto de los usuarios.

Una camisa de once varas

Además, el Gobierno indicó que los usuarios cuyos ingresos no superen los $ 5.200 seguirán pagando el gas y la electricidad subvencionada. Pero no aclaró que si se tomará en cuenta el sueldo del titular de los servicios, o se sumarán todos los ingresos de la familia.

El diagnóstico de cada situación se desprenderá de cruzar las bases de datos de la AFIP, la Anses y las estadísticas de las distribuidoras. Pero, aún así, se presume que habrá miles de casos que exigirán un criterio de análisis más fino. ¿Qué pasará, por ejemplo, con las familias que tengan un ingreso de $ 8.000 pero estén pagando un crédito de $ 3.000?

En caso de desear ir hogar por hogar para verificar los ingresos de los consumidores casi equivaldría a realizar un censo nacional, ya que se trata de 6.000.000 de personas.

El otro problema para el equipo de De Vido es que carecen de la información sobre el impacto inflacionario que la suba en las tarifas tendrá sobre la economía y la posibilidad de controlar con precisión el costo final que pague cada consumidor.

“Es impracticable”, sostiene Fernando Blanco Muriño, de la Unión de Consumidores Argentinos, quien además señaló que en la reunión que mantuvieron asociaciones de consumidores con funcionarios del gobierno les indicaron que a mediados de enero se anunciará una nueva “tanda” de barrios que deberán completar los formularios.

El punto más ambiguo en la serie de preguntas que reparte el oficialismo es aquella en la que se debe marcar si el hogar “no cuenta con ingresos suficientes”. Un patrón que hasta el momento no fue aclarado por parte de Planificación. “No hay un parámetro, es muy discrecional” indicó Blanco Muriño.

Estas contradicciones surgen en respuesta al rotundo fracaso que significó la “gesta” para darse de baja en forma electrónica: desde que se inició el registro hace aproximadamente dos meses se anotaron menos de 20.000 personas.

La Politica Online

Deja una respuesta