El juicio al juez español Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo continuó este lunes con más testimonios desgarradores de familiares de víctimas, que relatan ante el Tribunal Supremo las atrocidades de la represión que tuvo lugar tras el inicio de la guerra civil española hace más de 75 años.

Las víctimas testificarán hasta el miércoles, y el jueves, último día del juicio, Garzón volverá a dirigirse al tribunal para pedir su absolución. También lo solicitará su defensa y la fiscalía, que no apoya este proceso en su contra.

El magistrado, mundialmente famoso por perseguir a violadores de los derechos humanos, se enfrenta a un pedido de pena de inhabilitación de 20 años solicitado por las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad.

Dichas organizaciones lo acusaron de un delito de prevaricato -es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta- al declararse competente en 2008 para investigar los crímenes ocurridos durante la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista.

Olga Alcega, presidenta la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA), explicó que su asociación aportó a la Audiencia Nacional una lista de los represaliados de Navarra, que «al día de hoy suman 3.452 personas, todos ellos desaparecidos desde el 18 de julio de 1936, a pesar de que allí no hubo un frente bélico».

«Queremos justicia, porque las víctimas se lo merecen después de 75 años de olvido. Todos miraron para otro lado, la sociedad, la administración, la justicia. Sabemos que si abrimos fosas hay pruebas de que murieron violentamente», prosiguió.

En cuanto a su historia familiar, la testigo explicó que su abuelo era «cartero de profesión, tenía un café y era músico, y que lo asesinaron «premeditadamente».

«Todo estaba muy preparado, el alcalde del pueblo ordenó que lo despidieran de su puesto y esperaron a que llegara el nuevo cartero y al día siguiente lo asesinaron», según relató.

Y tras años de búsqueda e investigación, Olga señaló que «ningún juez quiso venir» a la exhumación de la fosa común en la que estaba enterrado su abuelo, quien apareció con signos de violencia como «un agujero de bala que entró por el lado derecho y salió por el izquierdo», detalló.

«Hoy puedo decir que mi abuelo fue asesinado, pero estuvo 74 años desaparecido», remarcó.

A preguntas de la acusación, la testigo aseguró que comenzó a buscar los restos de su abuelo en 1977 y que nunca recibió una «reparación económica ni quisiera recibirla ahora».

«Cuando llegó la democracia mucha gente quiso darle un entierro digno a los suyos», ya que «están tirados en cunetas como perros», pero el proceso «se cortó en seco» con el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981, indicó.

También el segundo testigo, Rafael Espino Navarro, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, dijo ante preguntas del fiscal que si tardaron años en presentar las denuncias sobre los crímenes del franquismo fue «por miedo».

Espino Navarro afirmó que él es nieto y familiar de un total de siete desaparecidos de una lista de 111 víctimas de fusilamientos entre julio y septiembre de 1936 en esa localidad de Córdoba que la asociación presentó en 2008 ante la Audiencia Nacional.

Relató que con sus «propias manos» extrajo restos de víctimas de las fosas comunes de las que exhumaron 55 cuerpos, 7 mujeres y 48 varones, y que llevó a la justicia a un hombre de 97 años como testigo de esos hechos.

«Las víctimas tenían tiros en la nuca, algunos estaban atados con alambres, había cuerpos calcinados y lanzados en sacos para que no se pudieran identificar», según su descripción.

El tercer testigo, Manuel Perona, presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Cataluña, relató a su turno la “desaparición forzosa” de ocho personas que habían sido sacadas de la prisión de Manresa por “guardias civiles o paramilitares” e iban a ser llevadas a Barcelona pero “las mataron en el camino”.

“Eran civiles no combatientes, obreros”, subrayó el testigo, cuya asociación denunció más de 1.900 desapariciones en base a demandas de familiares que viven en distintas partes del mundo.

Finalmente, Pedro Fausto Canales Bermejo, hijo de una víctima y presidente de la asociación de Memoria Histórica de Valladolid, contó al tribunal cómo los falangistas se llevaron a su padre de su casa cuando él tenía “2 años y estaba durmiendo en el hogar”.

“Como hijo de una víctima directa siempre tuve la resolución de denunciar, pero antes no había condiciones”, aseguró.

Canales reveló también que su padre es una de las 10 personas, “el 10 por ciento del pueblo”, que fueron asesinadas en 1936 en la localidad de Pajares de Adaja, Avila, y cuyos restos se encuentran en una caja en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

“Además de recuperar los restos queremos que se investigue por qué desaparecieron unas personas que no tenían delito alguno, que no fueron juzgados y que fueron arrancados de su familia dejando a 50 niños en la pobreza”, reclamó.

Télam

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