Los asesinatos de periodistas podrían ser interpretados en México como ataques de falsa bandera destinados a imponer en el país una intervención de tropas internacionales frente a la asunción de que se está frente a un estado fallido. Sin embargo, antes de que los analistas comiencen a hablar de Cascos Azules en algunos estados mexicanos cabe recordar el rol de agencias de USA como la DEA, la ATF y el FBI en la venta de armas a los cárteles y su protección al cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán hiper buscado y nunca hallado por las autoridades.

La guerra contra el narcotráfico emprendida a lo largo de todo el sexenio de gobierno de Felipe Calderón ha representado una dura derrota para México: está claro que lejos de pacificar y tomar el contrl del país, el gobierno mexicano no ha hecho más que recrudecer un conflicto que se lleva casi 100 muertos sumiendo al país norteamericano en un verdadero baño de sangre.

A la corrupción política y de las fuerzas de seguridad que empañan el panorama se suman agentes externos que claramente han estado entorpeciendo la lucha contra las bandas armadas. El año pasado resonó el caso de la financiación que USA (a través del FBI, la DEA y la ATF) brindaba al cártel de Sinaloa para conseguir armamentos. Lo que aparentemente era un plan para realizar un seguimiento a contrabandistas de armas terminó siendo como un chorro de nafta sobre el fuego: meses después de que se conociera que másde cien mil fusiles de asalto de USA estaban en poder de los narcos, seguían apareciendo armas estadounidenses por todo México, Centroamérica y Colombia.

En este marco, se conoció también que agentes de USA estaban en contacto con la cúpula de mando del Cartel de Sinaloa, protegiendolo para conseguir información sobre los rivales. A la vez, el gobierno de Barack Obama realizó acercamientos para instalar bases militares de USA en México y efectivamente instaló una base de operaciones ed inteligencia para monitorear el estado de situación en el país.

Con todas estas variables en juego, lo que resuena en la cabeza de más de un analista es las intenciones intervencionistas que tiene USA sobre México. Si bien ya es conocida la conspiración de la Unión Norteamericana, que más que conspiración ya es efectivamente una declaración de intenciones entre México, USA y Canadá (y que daría lugar al surgimiento del famoso Amero como reemplazo del dólar), la aplicación práctica del plan aún no tiene vetas visibles.

Sin embargo, la imposibilidad de que USA intervenga directa y abiertamente en México por su conflicto interno (más allá de que haya estado incentivándolo) precisa ed nuevas variantes para la ejecución del plan: el uso de las Naciones Unidas como ariete para entrar en acción. Y esto es algo que ya se conversa entre los analistas, que no tardarán en plantear la plausibilidad de la sugerencia. Así lo muestra la columna de Marco Lara Klahr desde Panamá.

«La tarde del domingo dejé la Ciudad de México atribulado por el asesinato de nuestra compañera Regina Martínez, corresponsal de Proceso y colaboradora de medios noticiosos en Veracruz. Ese día había comentado el terrible suceso con Mario Ávila, al aire, en su barra noticiosa matutina de Radio Fórmula. Y ya en el vuelo que me trajo a la capital panameña, mi enojo y desesperanza me hicieron evocar una de las recomendaciones para México formuladas por Johan Galtung, cuando Fernando Montiel y yo lo entrevistamos tras recibirlo en el aeropuerto [octubre 23, 2011].

Con la autoridad que le da medio siglo como observador, analista y mediador en cientos de conflictos de todo orden a través del mundo, Johan Galtung nos dijo que, en virtud de la violencia descontrolada y la incapacidad del gobierno de Felipe Calderón para afrontarla, era apremiante considerar que tropas de Cascos Azules de Naciones Unidas intervinieran «en ciertas zonas del país como fuerza preventiva y de protección a la población civil».

Esto me vino a la mente después de ver, no sin sorpresa, fotografías donde miembros del Ejército y la Armada se entrometían en la casa de Regina, que fue la escena del crimen.

Políticos, académicos, líderes sociales y periodistas diseminan a través de los medios masivos su convicción de que las Fuerzas Armadas mexicanas son confiables, al margen de que existan «elementos» corruptos. Yo lo dudo. Y volví a durarlo al ver esas imágenes de militares y marinos husmeando en la casa de Regina: no puedo evitar preguntarme si en realidad acudieron a manipular, borrar o hurtar evidencias del homicidio.

Lo sostengo pensando, especialmente, en el informe Silencio forzado. El Estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México [Artículo 19, México, marzo 2012], correspondiente a las agresiones contra periodistas en 2011 y que identifica a servidores públicos federales ―militares entre ellos― y estatales como perpetradores de la mayoría de dichas agresiones ―es decir, del 41.86% de los casos documentados.

Tampoco doy crédito a las instituciones estatales de seguridad y justicia: desde que Javier Duarte tomó posesión del gobierno de Veracruz [diciembre 2010] han muerto con violencia nuestros colegas Noel López Olguín [Horizonte, Noticias de Acayucan y La Verdad; su cadáver fue hallado en junio de 2011]; Miguel Ángel López Velasco y Misael López [Notiver, en junio], y Yolanda Ordaz de la Cruz [Notiver, en julio], y ninguno de tales hechos ha sido esclarecido. Igual que Calderón, Duarte y su administración se han limitado a dar pésames, como si no fueran gobierno. Pensando bien de ellos, en el mejor de los casos ambos gobernantes y sus subordinados son unos ineptos afligidos.

Los asesinos de Regina actuaron asumiendo, probablemente, el riesgo que implicaba el atentar contra una periodista prestigiada, perteneciente al cuerpo de redacción de un medio influyente y prestigiado como lo es el semanario Proceso, conscientes de los amplios márgenes de impunidad a su favor —lo que se refuerza con otro dato del Informe de Artículo 19: Veracruz se halla a la cabeza de los estados con mayor número de agresiones contra los periodistas.

Ni las instituciones policiales y judiciales de Veracruz, ni las fuerzas federales garantizan siquiera el adecuado manejo de la escena del crimen, además de que es razonable sospechar que podrían, por mala fe o impericia, alterar el material sensible significativo o desviar la investigación para proteger a los asesinos.

Y si al final no ocurriera nada de esto y actuaran con eficiencia y profesionalismo, el sistema de justicia penal se encargaría de enterrar el asunto en el cementerio de la burocracia. El sistema local no ha esclarecido un solo caso ni llevado a juicio y condenado a uno solo de los asesinos de periodistas y, de acuerdo con el Informe de Artículo 19, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, desde su creación hace seis años hasta hoy ha logrado apenas una sentencia condenatoria entre 27 casos atendidos.

Es necesaria, pues, una fuerza institucional capaz y confiable, que provea seguridad a los ciudadanos, incluidos los periodistas, en zonas del país como Veracruz, y dé certeza a la investigación, comenzando por la adecuada preservación del lugar de los hechos. ¿Tendrían que ser los Cascos Azules, como propone Galtung? Es una posibilidad cada vez más digna de considerar.

(Urgente24)

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