Se calcula que hay 7 millones en el país. Por cada una legal, hay otras cuatro que carecen de permiso. En Bogotá ya se prohibió el porte y el presidente Santos impulsa una norma similar para todo el territorio colombiano

En el informe difundido por la agencia DPA, el Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de la Universidad del Rosario de Bogotá asegura que «el comercio, la producción y el empleo de los artefactos es una de las amenazas para la seguridad, estabilidad y desarrollo del país».

Según las investigaciones, por cada arma legal, de las casi dos millones existentes, hay cuatro ilegales en el país por lo que se «pone en duda la eficacia y confidencialidad del sistema de control». De acuerdo con lo registrado por la Policía, en 2011 el 80% de los 14.746 homicidios en Colombia fueron a causa del uso de armas de fuego.

El estudio coincide con el anuncio del flamante alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, líder del Movimiento Progresista. El ex guerrillero, aclaró en su discurso de asunción que la tenencia no será penada, pero sí la portación. Dijo que se trata de una medida preventiva para atacar la creciente inseguridad. «No se está prohibiendo la tenencia de armas, que la ley autoriza. Lo que no se permitirá es que las porten en discotecas, buses y bares, para que se maten unos con otros. Queremos que Bogotá sea un espacio libre de armas», explicó Petro.

«Una cosa es tener un arma y otra portarla. Que la fuerza policial me ayude en esta tarea una vez sea expedido el decreto. En unos meses lo evaluaremos estadísticamente», dijo el nuevo alcalde. El comandante de la Policía de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, comenzará a aplicar la medida de inmediato.

En la misma línea, el gobierno de Juan Manuel Santos presentará ante un proyecto de ley que busca «restringir la tenencia y porte de armas de fuego por parte de particulares».

Según declaró para El Espectador el Alto Consejero Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda Mera, «el Gobierno Nacional viene trabajando desde hace varios meses en un proyecto de ley para incrementar de manera significativa los requisitos, controles y responsabilidades para la tenencia y el porte de armas de fuego por parte de los particulares y de las empresas de seguridad privada».

La iniciativa busca que sean «los Consejos de Seguridad de las ciudades capitales y de los departamentos los que examinen y decidan la conveniencia de restringir el porte de armas, dado que dichos Consejos son presididos por los alcaldes y gobernadores, pero también es parte de ellos la Fuerza Pública».

El proyecto también contempla la obligación de registrar la huella balística de las armas de fuego, para facilitar la identificación del origen de los proyectiles.

Infobae

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