División en España.Los grupos independentistas aprobaron con 72 votos a favor y 63 en contra una resolución donde declaran además que la región no “se supeditará a las decisiones del Estado español”.

En una tensa e histórica sesión, el parlamento catalán aprobó el plan de ruptura con España y de inmediato el gobierno de Mariano Rajoy anunció que el miércoles se reunirá el consejo de ministros paraimpugnar la medida ante el Tribunal Constitucional. En el momento en que el pedido del ejecutivo central sea admitido a trámite, el plan secesionista quedará paralizado en sus efectos legales.

«Tengo la convicción de que la mayoría de la sociedad española desea que se defienda la unidad de la nación desde la unidad de las fuerzas políticas. En esto vamos todos juntos», afirmó Rajoy. «Vamos a utilizar toda la fuerza del estado de derecho. Y ese es el primer paso. Entiendo el hartazgo y la indignación que este desafío provoca en tantos española. Estén tranquilos y confíen en sus instituciones. Cataluña no se va a desconectar de ningún sitio ni se va a producir ninguna fractura. Nadie tendrá que renunciar a su nacionalidad española y europea», añadió.

Cuando el Alto Tribunal declare la inconstitucionalidad de la resolución catalana, esta perderá todo valor legal. El gobierno hace responsable de aceptar la decisión del Constitucional a Carme Forcadell, la titular del parlamento. En caso de que la presidenta se niegue a reconocer la autoridad del tribunal, como lo apunta la decisión aprobada en el plan rupturista, el Constitucional le aplicará su nueva potestad para declararla inhabilitada de sus funciones por desobediencia.

El plan de ruptura que prevé la formación de una República catalana,fue aprobado por 72 votos contra 63. La propuesta fue presentada por Juntos por el Sí, que integran Convergencia Democrática y Esquerra Democrática.

El primero de los nueve puntos de la resolución constata que el «mandato democrático» de las elecciones catalanas, que arrojaron una «mayoría de escaños» de fuerzas independentistas y una «amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado».

Uno de los puntos de la resolución que más polvareda ha levantado es el que establece que «el Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional». El texto señala que el Constitucional es un órgano «deslegitimado y sin competencia» desde que en junio de 2010 emitió una sentencia en la que recortaba el Estatut aprobado en referéndum en 2006.

Además, la resolución insta explícitamente al nuevo Govern a «cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados» del Parlament, para «blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español».

Por último, se declara la voluntad de iniciar negociaciones para «hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república», tras poner el texto en conocimiento del Estado, de la Unión Europea y de la comunidad internacional.

La propuesta advierte que el parlamento no aceptará las decisiones que adopten las instituciones del estado español, en particular el Tribunal Constitucional que considera una institución deslegitimada. También declara que el parlament sólo aceptará las leyes y mandatos que apruebe y no los que sancione el parlamento español.

El proyecto insta a la desobediencia civil y planea iniciar en 30 días los trámites para el proceso constituyente en primer lugar con un nuevo Servicio de Seguridad Social y una Hacienda Pública catalana que recibirá los aportes de los ciudadanos que dejaran de pagar al fisco español.

También se ha añadido a la proclama un «anexo de desobediencia social» para activar, por ejemplo, una «ley de pobreza energética» y no aplicar la nueva ley de enseñanza, la ley Mordaza de seguridad pública y otras normativas legales del estado.

De esta manera se trata permitir «el proceso de desconexión democrática» de España. Los socialistas calificaron estas medidas como «un acto subversivo», y el representante de «Cataluña si que es pot», (Cataluña sí se puede) en su discurso, denunció: «ustedes plantean una aventura insurgente a la que no nos sumaremos».

Para muchos comentaristas y dirigentes políticos en España ante estas resoluciones la ruptura ya se ha producido. Otros la califican de «un verdadero golpe de estado civil».

Raúl Romeva, cabeza de lista de Junts pel Sí el 27 de septiembre, ha defendido este lunes por la mañana la propuesta de resolución independentista porque se trata de una «demanda masiva» de la población catalana.

«Se cuente como se cuente, en votos o en escaños, el resultado de las elecciones expresa una voluntad clara, incontestable», ha dicho Romeva, para quien aquellos comicios fueron «el referéndum que no pudimos hacer», por el veto del Gobierno español a la consulta que se acabó celebrando hace hoy un año.

Romeva, que se estrenaba como parlamentario, ha insistido en el tono social de la resolución y en que resulta «imprescindible para empezar a trabajar ya» y «dar respuesta a las urgencias y los retos sociales» que tiene la sociedad catalana.

La república catalana que se pretende crear a partir de la resolución, ha insistido Romeva, asegurará la existencia de un Estado de derecho que ahora no se da, permitirá luchar contra la corrupción y asegurará la separación de poderes.

El diputado de Junts pel Sí ha advertido que el deseo de independencia no será detenido por la «artillería legalista», en alusión a la suspensión que aprobará el Tribunal Constitucional tras el recurso que presente el Gobierno. «Si no es hoy, será mañana, ha llegado la hora de ir a por todas», ha añadido Romeva en tono solemne.

Anna Gabriel, diputada de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), se ha sumado también a la defensa de la resolución asegurando que se trata de «un acto de ruptura con la legalidad y la imposición española», pues «el Estado español no nos representa».

En la misma línea que Romeva, la parlamentaria de la formación anticapitalista ha cargado también contra el «fundamentalismo constitucionalista» y ha reivindicado la legitimidad democrática frente a la legalidad.

En los próximos días se aprobarán dos leyes fundamentales para la nueva República: de Hacienda fiscal, de Seguridad social. Los ciudadanos catalanes dejaran de pagar impuestos al estado español y los abonarán al fisco catalán. Le seguirán otras «que serán hitos fundamentales del proceso constituyente».

Fuente: Clarin