Un plenario de comisiones de Diputados se reunirá este martes para escuchar a especialistas en el tema. Cambiemos había frenado el proyecto por las duras críticas de la oposición, que advirtió que la iniciativa apunta directamente a Alejandra Gils Carbó.

El oficialismo en la Cámara de Diputados vuelve a poner en agenda la reforma del Ministerio Público Fiscal, criticada con dureza por la oposición a raíz del recorte de funciones que se aplicaría sobre la actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

Se trata del proyecto más controvertido del paquete judicial enviado por el Poder Ejecutivo, que incluye también el procedimiento para los casos de flagrancia y las nuevas técnicas especiales de investigación, que ya obtuvieron media sanción en la Cámara baja.

Cambiemos había frenado la reforma del Ministerio Público Fiscal a raíz de las numerosas objeciones que recibió por parte de los bloques opositores, luego de haber sido defendido a mediados de abril por el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Ahora, la alianza de gobierno convocó para este martes a las 13 a un plenario de comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto –las tres en manos del oficialismo- para escuchar la voz de especialistas.

Si bien el listado de invitados aun no fue confirmado, se espera que asistan el exdiputado nacional Ricardo Gil Lavedra y el fiscal Ricardo Sáenz, entre una decena de expositores.

“La idea es hacer esta reunión abierta y escuchar primero a los especialistas, ya que el proyecto recibió bastantes críticas”, reconoció aparlamentario.com una fuente de Cambiemos que trabaja en el tema.

La misma fuente señaló que “todos los proyectos que vinieron del Poder Ejecutivo fueron modificados”, y esta no sería la excepción, aunque el oficialismo no está dispuesto a ceder en algunos aspectos clave del proyecto.

Cambiemos no está dispuesto a dar marcha atrás con la creación de la figura de cuatro subprocuradores -en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado-, bajo la idea de “descentralizar” funciones del procurador general.

No obstante, en el interbloque reconocen que es “discutible” el tema de acotar el mandato del jefe de los fiscales a cuatro años, igual que un mandato presidencial, dado que hoy el cargo es vitalicio.

El proyecto oficial también facilita el procedimiento para remover al procurador y prevé una participación más activa al Consejo General del Ministerio Público Fiscal.

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