El primero de los juicios contra el juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo español quedará este jueves visto para sentencia tras la presentación del alegato final del magistrado, acusado de prevaricato en una investigación de corrupción vinculada al gobernante Partido Popular (PP).

El máximo tribunal reanudó este jueves por la el juicio. La última sesión se centrará en las conclusiones de la acusación y la fiscalía, que ratificarán sus posiciones, la solicitud de pena de hasta 17 años de inhabilitación y la libre absolución, respectivamente, mientras el acusado podrá hacer uso de la palabra para defenderse.

Garzón está acusado de prevaricato, es decir, de dictar a sabiendas una resolución injusta, y de violar las garantías constitucionales por ordenar intervenir las conversaciones entre los principales imputados en la trama de corrupción y lavado de dinero «Gürtel», ligada al PP de Madrid y Valencia, y sus abogados.

La querella contra el magistrado, conocido mundialmente por haber perseguido a violadores de los derechos humanos, fue iniciada por el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, defensor de uno de los principales implicados en el caso Gürtel, el empresario José Luis Ulibarri.

También se sumó Francisco Correa, el considerado “cerebro” de la trama Gürtel, y Pablo Crespo, otro de los empresarios imputados en este caso, uno de los mayores escándalos de corrupción destapados en la historia reciente de España.

La prueba practicada y las declaraciones ante el tribunal de la mayoría de los testigos, entre ellos un jefe de la policía, fue claramente favorable al magistrado, ya que, salvo el caso del abogado Peláez, respaldaron las actuaciones de Garzón.

En su declaración ante el tribunal, Garzón repitió sin cesar que cuando autorizó las escuchas telefónicas “en ningún momento ordenó que intervinieran a los letrados, sino a los internos en sus comunicaciones con otras personas”.

Además, argumentó que su decisión se basó en información policial que indicaba que “los abogados jugaban un papel básico en la mecánica de blanqueo de dinero”, y que su intención, al ordenar las escuchas, era “evitar la continuación de la acción delictiva”.

Las escuchar permitieron la posterior imputación de tres abogados que “formaban parte del núcleo de la organización criminal”.

Los tres policías de la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera) que realizaron la operación antiblanqueo contra la trama Gürtel corroboraron en sus declaraciones que el juez Garzón ordenó “preservar el derecho de defensa” en las grabaciones que se obtuviesen.

Además, los policías sostuvieron que habían constatado que los implicados continuaban con la estrategia de blanqueo de dinero en prisión y que por eso trasladaron al magistrado la necesidad de adoptar alguna medida, que podría ser el control de las comunicaciones de los internos.

Un funcionario que trabajaba en el juzgado de Garzón y que estuvo a cargo del caso también declaró que el juez y las fiscales anticorrupción estaban siempre “muy obsesionados” con quitar de las transcripciones todo lo que tuviese que ver con el derecho de defensa.

Este es el primero de los tres juicios que deberá afrontar el primer juez que intentó investigar los crímenes de la dictadura franquista y que fue suspendido de sus funciones en mayo 2010, después de haber perseguido al dictador Augusto Pinochet, a la ETA y a empresarios y políticos corruptos.

La próxima semana, el 24 de enero, el juez deberá regresar al Tribunal Supremo para ser juzgado por su investigación de los crímenes del franquismo, que luego pasó a juzgados territoriales y se estancó.

El enjuiciamiento a Garzón fue una claro mensaje para los jueces que debían continuar con el proceso. En este contexto, la plataforma contra la impunidad del franquismo presentó en abril de 2010 una querella en Argentina que está siendo investigada por la jueza María Servini de Cubría.

Los juicios contra el magistrado generaron estupor en el sector de la sociedad española comprometido con la lucha por los derechos humanos y pusieron en entredicho la imparcialidad de la Sala de lo Penal del Supremo Español, algunos de cuyos miembros son abiertamente franquistas.

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