A través de una resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia, que depende de Guillermo Moreno, se obliga a las compañías a vender el gasoil para el trasporte público y de carga al mismo precio que en las estaciones de servicio.

Un día después de la dura advertencia de la presidenta Cristina Kirchner contra las empresas petroleras a las que denunció por aplicar sobreprecios, el Gobierno avanzó un paso más: la Comisión de Defensa de la Competencia, que depende de Guillermo Moreno, obligó a las compañías a vender el gasoil para el trasporte público y de carga al mismo precio que lo comercializan en sus estaciones de servicio.

El dictamen de la comisión es la respuesta oficial a la denuncia que presentó hace diez días el ministro de Planificación, Julio De Vido, junto con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, contra las petroleras YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustibles por «sobreprecios» en la venta mayorista del gasoil.

La resolución, emitida ayer, consideró probada la acusación de los funcionarios. Estableció la «existencia de un diferencial del precio entre el gasoil que abonan las empresas de transporte público de pasajeros por el suministro a granel y el precio que cobran las estaciones de servicio», según establece el texto del dictamen. «No existen explicaciones que justifiquen un diferencial de precio, que haga que el precio mayorista sea mayor que el minorista», agregó el escrito.

El dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia dio potestad a Moreno para hacer un monitoreo en los precios a partir de esa nueva decisión para evitar subas y deja abierta la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento por parte del secretario de Comercio. «En caso de incumplimiento, la Comisión de Defensa de la Competencia deberá, independientemente de tomar otras medidas, notificar al señor secretario de Comercio Interior para que, en caso de corresponder, disponga la aplicación de la ley 20.680», establece en el artículo cuarto.

El dictamen consideró probada la «presencia de una discriminación injustificada de precios» y consideró que «generaría una alteración en las condiciones de competencia».

En su primera aparición pública tras los 20 días de licencia médica por la operación en la glándula tiroides, Cristina Kirchner había cargado contra estas cinco empresas denunciadas. «Se acabó la avivada», les había dicho la jefa del Estado, para explicar de manera coloquial lo que significaba la sintonía fina en la economía que estaba proponiendo aplicar a través de la revisión y quita de subsidios.

Además, la Presidenta había acusado a las empresas petroleras de no invertir lo suficiente y les advirtió que estaba dispuesta a aplicar la Constitución para que no existan los «sobreprecios» que el Gobierno denunciaba.

En menos de 24 horas, la Comisión a cargo de Moreno apuró el dictamen para llevar a la práctica lo que habían sido las palabras presidenciales.

Según había denunciado Schiavi cuando hizo pública la acusación, esta diferencia de precios que aplicaron las empresas petroleras «les habría hecho obtener ganancias adicionales por 3500 millones de pesos al año», algo que las compañías niegan.

La resolución de ayer fija cómo deberán establecer el nuevo precio para la venta mayorista a partir de ahora. «El precio que deberá ser tenido en cuenta será el que corresponda a las estaciones de servicio de bandera propia de cada una de las firmas denunciadas que se encuentren dentro de un radio de 15 cuadras de cada uno de los centros de abastecimiento», fija el dictamen que lleva la firma del Moreno. Esta medida se tomó para evitar que las empresas argumenten precios mayores por los costos de transporte.

Según describieron fuentes oficiales a La Nacion, por el momento se decidió avanzar con la orden para que cobren el mismo precio que en las estaciones de servicio sin la aplicación de multas, que podrían establecerse una vez que se ponga en práctica la resolución que se publicó ayer.

Además, el Gobierno estableció la conformación de un «esquema de monitoreo de precios» que estará bajo la tutela de Moreno para «resguardar las condiciones de competencia en el mercado de combustibles» tanto para el mercado mayorista como para el minorista.

La Política Online

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