El presidente de gobierno Artur Mas admitió que el referéndum no puede celebrarse tal y como fue planteado al haber sido suspendido por la justicia española. Hubo fuertes críticas de los partidos que apoyaban la acción.

El presidente del gobierno de Cataluña, Artur Mas, renunció a celebrar el referéndum independentista que había convocado para el 9 de noviembre próximo en la región del noreste de España. En una reunión con los partidos que apoyan la consulta, el jefe del Ejecutivo regional admitió que ésta no puede celebrarse tal y como fue planteada en el decreto de convocatoria al haber sido suspendido de forma cautelar por el Tribunal Constitucional español después de ser recurrido por el gobierno de Mariano Rajoy, informó Tiempo Argentino.

Mas expondrá mañana una propuesta alternativa legal para preguntar a los catalanes por el futuro de la región, según confirmó el departamento de Presidencia del gobierno catalán. Estaría basada en procesos de participación ciudadana con encuestas y audiencias públicas, según informaron medios españoles. Esta alternativa disgusta al principal socio de Mas en su aventura independentista, el partido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

El 26 de septiembre, el Constitucional suspendió cautelarmente el referéndum y la ley de consultas aprobada por el Parlamento catalán para darle amparo legal. El gobierno catalán se vio obligado entonces a cancelar «temporalmente» la campaña institucional dirigida a impulsar la votación y no pudo dar los pasos necesarios para organizarla en los plazos marcados.

Mas negociaba desde hace días una salida al proceso soberanista con los llamados partidos pro consulta, que le pedían que siguiera adelante con el plan del 9 de noviembre. El presidente del gobierno catalán siempre sostuvo que no la celebraría sin garantías democráticas.

El ERC lamentó lo que considera que es una «renuncia» del Gobierno de Cataluña a la consulta soberanista del 9N, un escenario que aboca, a su juicio, a un solo camino: a que «el Parlamento haga una declaración de independencia inmediata y se abra un proceso constituyente». Tras la reunión, Esquerra comunicó así su rechazo a la decisión de Mas, quien, recordaron fuentes republicanas, «rechazó reiteradamente la entrada del ERC en el gobierno para blindar la consulta», y ahora «renuncia» a esta y «nos impone un nuevo escenario que en ningún caso hemos pactado».

Reunidos desde el mediodía en el Palacio de Pedralbes, sede del gobierno regional, el bloque soberanista analizó salidas para que haya algún tipo de consulta el 9 de noviembre, pero el Ejecutivo catalán no ve la forma de hacerlo en función de lo que estrictamente establece el decreto. Según algunas fuentes, la propuesta que el gobierno puede haber puesto sobre la mesa consiste en apelar al Título III de la Ley de Consultas no refrendarias, que regula los «procesos participativos», y que está vigente, puesto que este apartado de la norma no fue recurrido por Madrid. Concretamente, el gobierno central impugnó el Título II de la Ley de Consultas, las disposiciones transitorias primera y segunda, y la disposición final primera. El gobierno catalán ya incumplió algunos de los plazos que fija el decreto, como por ejemplo la publicación del registro provisional del censo electoral, que tenía que ver la luz el 10 de octubre.

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