La cámara baja emitió dictamen del proyecto para endurecer las penas por el delito de trata de personas, aprobado en el Senado en 2011. La oposición responsabilizó a la presidenta por haber esperado a que absuelvan a los implicados en la desaparición de Marita Verón, pero no puso objeciones. Mañana será ley.

El kirchnerismo y la oposición le dieron dictamen hoy al proyecto para endurecer penas por el delito de trata de personas, aprobado en el Senado en 2011 pero exigido por Cristina Kirchner en extraordinarias, tras quedar absueltos los implicados en la desaparición de la tucumana Marita Verón.

En un plenario de las comisiones de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto, casi sin ausencias y con mucho público, la oposición responsabilizó a la presidenta de no haber impulsado la ley durante el año.

“Le agradezco a Cristina habernos escuchado. Estamos por cumplir el bicentenario de la asamblea del año trece pero no terminamos de abolir la exclavitud”, afirmó el radical Ricardo Gil Lavedra.

El texto en cuestión es una modificación de la ley que el propio kirchnerismo impulsó en 2008 que incorporó el delito de trata al Código Penal pero tuvo fuerte rechazo de los sectores progresistas, entre otras cosas porque diferencia a menores de mayores de edad y posibilitaba que estos últimos salvaran a los proxenetas al dar consentimiento.

La ley que se sancionará mañana elimina esta última opción y aumenta las penas al castigar con prisión de cuatro a seis años, al que explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona o al que la promueva o la facilie. Cuando la víctima fuere menor de 18 años, la pena sería de 10 a 15 años de prisión.

Los senadores tucumanos Beatriz Rojkés de Alperovich y Sergio Mansilla impulsaron esta reforma y la Cámara alta aprobó en agosto de 2011, pero Diputados jamás la consideró.

“No podemos apartarnos del clamor popular y por eso vamos a firmar este dictamen”, simplificó el kirchnerista Héctor Recalde.

Le respondió Gustavo Ferrari, militante del tema: “El clamor popular también existía antes. Fue necesario que muriera Carla Figueroa para que se trate el advenimiento y ahora fue necesario el fallo de Marita Verón, en un año en el que el Gobierno todo lo que quiso aprobar, lo aprobó”.

La radical María Luisa Storani recordó que la trata mueve 32 mil millones de dólares sólo en Latinoamérica y no es un delito común, sino organizado.

Marcela Rodríguez y Victoria Donda, apuntaron a los clientes de los prostíbulos. “Hay que responsabilizar a los que pagan por sexo. No creo que este proyecto se proponga eliminar la explotación sexual”, sostuvo la ex Ari.

“Hagámonos cargo: nuestros maridos, novios, hermanos, amigos y diputados pagan por sexo”, gritó Donda.

Por el kirchnerismo, que siguió la sesión casi sin escuchar y conversando entre ellos, respondió la tucumana Stella Maris Córdoba. Se jactó de la ley de 2008 que “apoyó Kirchner y Cristina”, la misma que ahora se pide derogar.

Y apuntó a la joven diputada: “Hay que predicar con el ejemplo y no hacer publicidades sexistas, como es la de una foto con la frase la política que le gusta a la gente”, en referencia a los afiches de la atractiva hija de desaparecidos que empapelan la ciudad.
Virginia Linares, del Fap, cuestionó las reparaciones que establece la ley, claves para que las prostitutas puedan reinsertarse en la sociedad.

El delasotista Francisco Fortuna habló del cierre de locales en Córdoba y explicó que “si permitimos que haya miles de burdeles en Argentina va a ser imposible implementar lo que esta ley plantea” y dijo que en su provincia se cerraron 205 locales en 6 meses.
La socialista Alicia Ciciliani agregó que “si el Consejo Federal no funciona, los derechos no se van a concretar”.

El proyecto será sancionado mañana sin cambios, con disidencias en particular que serían avaladas por el oficialismo, ya que sino debería volver al Senado.

Fuente: La Política Online