Una entidad internacional de abogados judíos negó haber sido representados por Daniel Reposo en el país, como señaló el candidato de la Casa Rosada para el cargo de procurador general de la Nación en su currículum. Ya había dado información inexacta, que atribuyó a «errores de tipeo».

El increíble currículum del candidato de la presidenta Cristina Kirchner al cargo de procurador general de la Nación, Daniel Reposo, no deja de sumar datos falsos. Primero fue el “error de tipeo” que lo hizo poner “disertante” en lugar de “participante” a una disertación del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon. Después se detectó que casi todas sus “disertaciones” eran participaciones obligadas por su rol como titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), según publicó el diario Clarín.

Y ahora se conoció que Reposo no fue secretario de la sede argentina de la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos (IAJLJ, sus siglas en inglés) entre 1996 y 2002, como había puesto en la segunda página del pobre curriculum entregado en el Ministerio de Justicia y ahora levantado de la página web de esa cartera. Así lo denunció la senadora radical Laura Montero al objetar la postulación de Reposo en la Cámara alta.

El pliego de Reposo será tratado en audiencia pública por la Comisión de Acuerdos del Senado el martes 5 de junio. Para la semana siguiente, miércoles 13, está prevista la discusión en el recinto. El kirchnerismo necesita dos tercios de los votos de los presentes para aprobar la designación.

Montero, una de las senadoras que ya anticipó su voto negativo, se contactó con la entidad que Reposo dijo haber representado en el país entre 1996 y 2002. La presidenta de la IAJLI, la israelí Irit Kohn, le dijo por correo electrónico que “no existen registros formales de la participación del doctor Reposo en la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos” .

En un segundo mail, aclaró. “Solamente se habría relacionado con esta entidad a través del pago anual y único como nuevo miembro de la cuota del año 1998” , es decir dos años después del inicio de su supuesta representación, según puntualiza Montero en su presentación. El pago fue realizado por Mario Feldman, tal como le informó la entidad. Y ese es el único registro que vincula a Reposo con la entidad.

La senadora radical –mendocina y ex ministra de Hacienda del gobierno provincial de Julio Cobos– incluyó el dato en su impugnación ante el Senado. “Los antecedentes del Sr. Reposo no reflejan la idoneidad profesional que el cargo requiere. Pero hay algo peor que no tener antecedentes: ocultarlos, desdibujarlos o exponerlos de un modo ambiguo contrario a la buena fe”, expresó en su texto la legisladora radical.

Reposo fue propuesto por la Presidenta para ocupar la vacante generada por la renuncia de Esteban Righi a la Procuración luego de ser denunciado pública y penalmente por el vicepresidente Amado Boudou por presunto tráfico de influencias. Fue en el marco del contrataque del vicepresidente luego que le allanaran un departamento de su propiedad donde se encontraron vínculos con el abogado Alejandro Vandenbroele, el actual presidente de la ex imprenta Ciccone y a quien él niega conocer.

Para Montero, como para otros objetores de Reposo, hay algo más grave. Es que el candidato no acompañó en su currículum constancias de lo que allí se afirmaba, por ejemplo, el título de abogado .

“No hay constancia alguna de que el Sr. Reposo sea abogado procurador egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA en el año 1991. Este requisito es esencial a la designación”, expresó la legislador por Mendoza.

Además, Montero encontró otra irregularidad: Reposo dijo haber sido asesor letrado y apoderado de la SIGEN de 1988 a 1992 pero recién se recibió en 1991, y para se cargo se requiere título habilitante .

La candidatura de Reposo fue rechazada por 699 particulares y apoyada por 259 personas en el proceso abierto de consulta a la ciudadanía en el Ministerio de Justicia. El kirchnerismo lo hizo con un mismo texto, tipo cadena . Pero, lo peor aún, es que sólo opinaron cuatro instituciones de las 32 consultadas por esa cartera.

Fuente: La Política Online

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