La denuncia fue presentada ante la secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios en el marco de la persecución hacia el juez de Garantías, Gabriel Vitale, y la jueza Civil, Zulema Vila, afiliados al gremio.

Según consta en la denuncia realizada por la Agencia Judicial Bonaerense (AJB) –que se suma a otros pedido de jury impulsados por la Comisión Provincial de la Memoria y la ONG AJUS–, los fiscales ScaleraRossi y Bisquert realizaron operaciones de inteligencia ilegal para luego formar investigaciones arbitrarias sin control judicial y al interior del departamento judicial de Lomas de Zamora para presionar a magistrados y lograr resultados en causas de interés político y mediático durante la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

En lo que se considera cuanto menos un «exceso» de funciones, Scalera instruyó auditorías ilegales para controlar a magistrados y armar causas. Una vez formada la investigación, se la asignaba a los fiscales Rossi y Bisquert para que llevaran adelante la segunda instancia, que era investigar a magistrados, sus familias, sus funcionarios, empleados con el objeto de dar contenido a la investigación. Lo más llamativo es que estos expedientes se originaban y se instruían en secreto, violando todo tipo de garantía procesal.

Los informes podían referirse a migraciones, bienes, cuentas bancarias y llamadas telefónicas. La Suprema Corte de Justicia intervino el departamento judicial apartando al fiscal General, Enrique Ferrari, dejando en manos del procurador General, Julio Conte Grand la normalización del departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El procurador General mantuvo en sus funciones a Sebastián Scalera, lo que motivó un fuerte cruce entre algunos ministros del Superior Tribunal, quienes habían solicitado la suspensión de todos los fiscales que se encontraban denunciados. La tensión llegó a tal punto que uno de los ministros expresamente denunció “la inadmisible persecución de que viene siendo objeto el señor juez de Garantías de Lomas de Zamora, doctor Gabriel Vitale… Este trámite es verdaderamente escandaloso. El señor fiscal se ha autoerigido en órgano jurisdiccional y ha subvertido todas y cada una de las garantías del debido proceso […] lo que ofende toda idea de Justicia y Estado de Derecho…” (del voto del doctor De Lazzari)

Ante la embestida de la procuración General contra el juez de Garantías, varias organizaciones sociales, ONGs, fundaciones y redes de trabajo con mujeres, niños y niñas, se solidarizaron y remitieron sus apoyos a la Suprema Corte, la CPM y la AJB.

La tensión entre los magistrados del departamento Judicial y el procurador trae unos años, ya que fue el propio Luis Carzoglio, juez de Garantías, quien denunció los aprietes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y los nexos con los integrantes del ministerio Público Fiscal, aportando documentación y testigos.

Estas relaciones ya fueron denunciadas por la Comisión por la Memoria ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación.

PERO HAY MÁS

Los armados de causas no se detienen en los jueces penales ya que la jueza Civil y Comercial, María Zulema Vila, tuvo que soportar un proceso penal por haber dictaminado en contra de los intereses empresariales. A consecuencia de su intervención en el concurso preventivo de una importante empresa de colectivos fue perseguida penalmente por el fiscal Pablo Rossi que decide imputar y pedir su desafuero. Más grave aún, todos los magistrados del fuero Civil y Comercial se excusaron de intervenir en el proceso mediante una presentación unificada, donde entre otros argumentos manifiestan que “nos resulta difícil comprender que el ataque impartido se funde únicamente sobre la forma de resolver o como lo hace en el ejercicio de su ministerio y convicción. (…). Y, en la propia violencia moral por así decirlo, se ven involucradas cuestiones institucionales objetivas de suma gravedad, las cuales revelan un embate sobre la independencia de los magistrados y el principio constitucional del juez natural”. Una vez más, el sello del procurador General acompaña lo actuado y dispone el cierre del tema.

ORIGEN DE LA EMBESTIDA

Como se adelantó, la embestida política para presionar a jueces ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri y ya fue objeto de observación y critica por organismos internacionales.

El ahora ex presidente estaba enfrentado a Hugo Moyano por el rechazo del camionero a las reformas laborales y previsionales, y para eso necesitaba “controlar” la causa por asociación ilícita que implicaba al dirigente gremial en el caso Independiente.

Vitale y Carzoglio no cedieron a las presiones políticas, y eso desató una feroz persecución ilegal que incluye causas penales secretas, pedidos de suspensión y jurys.

En todo ese entramado persecutorio, Conte Grand tomó partido y habilitó los registros informáticos para espiar a Vitale.

“Para consolidar el respecto de la independencia de las y los magistrados y su efectiva protección para intervenir en los procesos judiciales sin presiones del poder político, resulta necesario exponer estos hechos gravísimos al conocimiento del conjunto de la sociedad. En el mismo sentido, el Jurado de Enjuiciamiento tendrá en sus manos la oportunidad inigualable de brindar una señal clara de que la persecución y el espionaje ilegal con fines políticos resultan inaceptables en la justicia bonaerense”, expresó en la nota Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.

Ahora es el Jurado de Enjuiciamiento quien deberá decidir si da curso al jury contra ScaleraRossi y Bisquert, y desarticular este “modus operandi” de armado de causas. (www.REALPOLITIK.com.ar)  por:
Mónica Galván

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