El secretario de Comercio podrá utilizar la Ley de Defensa y aplicar duras sanciones a quienes no cumplen con el congelamiento de precios en 500 productos. Las multas llegarían hasta los cinco millones de pesos.

Guillermo Moreno aplicará la Ley de Defensa del Consumidor, con sanciones que, en su máxima expresión, podrían llegar a los $ 5 millones y hasta la clausura del establecimiento, según informó hoy Ámbito Financiero.

El diario indica que las sanciones serán aplicadas a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor que dirige María Lucila «Pimpi» Colombo. Las organizaciones de militantes sólo tendrán como finalidad llamar a las dependencias de Moreno y pedir que haya inspecciones.

Así terminó de definirse el sistema de congelamiento de 500 productos que comenzará a regir el próximo sábado y que será obligatorio sólo para los súper e hipermercados. En esta etapa, y por una cuestión de imposibilidad de conseguir los 500 productos en tiempo, disponibilidad y precio, el resto de los comercios (incluyendo los súper chinos) quedará fuera del régimen. El mes próximo también comenzará a regir la Supercard, que es la tarjeta que, impulsada por el Estado, emitirá el Banco Hipotecario, para realizar compras en los supermercados.

La lista de los precios de los 500 productos congelados se conocerá el jueves; y desde Carrefour, Coto, Walmart y Jumbo-Disco se comprometieron a que los productos estarán disponibles, que se los podrá encontrar dentro del establecimiento y que los precios acordados se respetarán. Fuera del acuerdo quedará la Patagonia. Respecto de la identificación de los productos congelados, los privados prometieron carteles identificatorios y hasta folletos a la entrada de los supermercados para poder saber cuáles son los ofertados.

Sobre las sanciones, desde la secretaría de Guillermo Moreno quedó claro que se aplicará la Ley de Defensa del Consumidor, en su última versión de 2008; un texto pedido especialmente por el secretario de Comercio Interior y que hasta ahora se aplicó pocas veces. Esta ley, la 24.240, menciona en el artículo 7 que «la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones».

Por oferta, el Gobierno interpretará la lista de los 500 productos en su totalidad. Si los supermercados no tienen disponibilidad de estos bienes, Moreno les exigirá lo que marca el artículo 10 bis punto b de la norma: «aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente». Esto es, ofrecer por el mismo precio un producto similar, sostiene Ámbito.

Lo más importante de la ley son las potenciales sanciones que se incluyen en el artículo 47, que se podrán aplicar por separado o todas juntas. La norma menciona puntualmente la posibilidad de «apercibimiento; multa de 100 a cinco millones de pesos, decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción, clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días, suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare».

Lo importante, de todas maneras, para los supermercadistas es el artículo 41, donde el texto afirma que la única autoridad de aplicación de la ley, esto es la única dependencia que puede aplicar multas y sanciones, es la «Secretaría de Comercio Interior». Esto quiere decir que las organizaciones políticas sólo podrán avisarle a Moreno que falta algún producto o que éste no se encuentra.

Fuente: La Política Online