El Gobierno nacional dio marcha atrás en su decisión de aplicar la ley antiterrorista contra la empresa gráfica Donnelley. Es luego de la polémica que se generó entre el empresariado argentino.

De acuerdo a declaraciones del titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, la mención de la ley antiterrorista a “una confusión”. Vanoli dijo que la denuncia realizada en los tribunales apunta a investigar una “quiebra fraudulenta”.

“Creo que se derivó una confusión, a partir del uso ‘antiterrorista’. La denuncia que estaría haciendo la AFIP es por ‘quiebra fraudulenta’. Como derivación de esa denuncia, se podría llegar a aplicar el artículo 309 del Código Penal, que pena los ley de delitos económicos. Lo que pasa es que esta ley fue aprobada en conjunto con la ley antiterrorista, de ahí se deriva la confusión”, dijo el funcionario. “No tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo”, agregó.

Los dichos de Vanoli se producen justo cuando la oposición busca firmar un dictamen para derogar la ley, que ya se sancionó en medio de una fuerte polémica.

La presidenta Cristina Kirchner había acusado el jueves pasado en cadena nacional a Donnelley de “alteración del orden económico y financiero” por declararse en quiebra y perjudicar a más de 400 trabajadores y justificó su decisión de denunciarlos penalmente.

La jefa de Estado vinculó a los dueños de la imprenta de capitales norteamericana con los fondos buitre y alertó que pretendían poner al Gobierno “de rodillas”.

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